La información secuestrada

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Los efectos sobre las poblaciones y el entorno

Kristina Saez
OMAL


Las prácticas antihumanitarias del BBVA inciden también sobre los pueblos de América Latina, perjudicando proyectos de desarrollo de las comunidades. Por ejemplo, en México se sufrió uno de los ataques financieros y administrativos más sangrantes contra las comunidades de Chiapas, con la clausura de las cuentas de las organizaciones Osimech y Enlace Civil (2005). La misma situación se vivió en la colombiana comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Por otra parte, las fructíferas actividades comerciales realizadas por el BBVA en la región latinoamericana pasan por la generación de impactos negativos sobre las poblaciones y los ecosistemas donde operan. Entre la financiación que otorga a proyectos altamente contaminantes, destaca el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que afecta a 11 áreas protegidas, y la explotación del Bloque 31 del parque Yasuní, ambos proyectos en Ecuador, con los que, además, se violan leyes nacionales e internacionales. También financia el proyecto de gas licuado y el gasoducto de Camisea, que impacta fuertemente sobre la amazonia peruana. En Bolivia, financia los proyectos para la realización del gasoducto de Gasyrg, que atraviesa territorios indígenas guaraníes y weenhayek, reconocidos legalmente. El 50% de la megafactoría de celulosa de la empresa española ENCE, en Uruguay, está financiada también por el BBVA. Además, está involucrado en proyectos de minería a cielo abierto en Chile y Perú, que provocan contaminación y desecación de cuerpos de agua, afectando al consumo de los pobladores de esas regiones. Es también financiador de compañías de gran impacto ecológico y humano, como las petroleras Repsol YPF (hasta 2006), Iberdrola y Petrobras (hasta el muy reciente 21 de marzo 2008), finalmente expulsada de Ecuador por sus impactos.
El BBVA contradice, por todo lo mencionado, las tres claves que la propia entidad destaca en su línea de RSC: las relaciones laborales, la atención a los segmentos menos favorecidos de la población y el medio ambiente. Por estas y otras actividades desarrolladas por la entidad bancaria BBVA, se ha generado un creciente movimiento de reacción a nivel estatal,6 que acompaña el de los países afectados directamente en América Latina. En este sentido, el próximo mes de mayo, el BBVA será una de las empresas llevadas a juicio en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Lima, Perú,7 enmarcado dentro de los actos que se realizarán en paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe y con el fin de unir esfuerzos entre los pueblos de ambas regiones, para luchar contra la tiranía de las empresas y en beneficio de las personas.



6 Se recomienda, para más información, consultar la Declaración y el Informe final de la Audiencia Preliminar del TPP sobre BBVA, realizada en Bilbao el 27 octubre 2007, y disponible en http://bbvaghh.ath.cx/, así como la campaña “BBVA sin armas” (www.bbvasinarmas.org).
7 EL TPP es un tribunal de carácter no gubernamental, del género de los tribunales de opinión que tuvieron su origen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad


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