FALSIMEDIA

Excavación de una fosa de 17 fusilados republicanos en La Guijarrosa (Córdoba).
Foro por la Memoria. Junio 04

El genocidio sobre la población española entre 1936 y 1950

“Las desapariciones forzosas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad”.

Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1992. Ratificada por España.

“El extermino o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”; Ésta es la definición de genocidio según la Real Academia de la Lengua Española. Han pasado más de treinta años desde la muerte de Franco y el fin de la Dictadura, demasiado tiempo para seguir sin llamar a las cosas por su nombre. Lo que ocurrió en España entre 1931 y 1950, y hasta el fin de la dictadura en menor medida, fue un genocidio, y esto no es una interpretación o reinvención de la historia, sino la realidad que se ha tratado de ocultar aún en los años posteriores a la tan elogiada transición.

El tratamiento histórico que se ha dado a este momento en la historia, el que aprendí en los libros de texto de mi generación, bebe de lo que escribieron “historiadores franquistas” y de una interpretación “conciliadora” de “las dos Españas” que hace hincapié en las operaciones militares desdeñando intencionadamente datos que nos ayudan a entender lo que ocurrió. Para empezar, la expresión “Guerra Civil” u otras parecidas como “los dos bandos”, “la guerra entre hermanos”, etc. han acabado por equiparar a los contendientes y han simplificado los hechos, absorbiendo u obviando el golpe de Estado previo cuyo fracaso dio lugar a la propia guerra. Se le ha dado el sentido de “desastre inevitable” para exculpar a los golpistas e inducir a una culpabilización colectiva que de algún modo los justifique. La misma palabra empleada por la dictadura franquista: “alzamiento” no es sino un grotesco eufemismo diseñado para ocultar estos hechos.

Muchos historiadores mencionan que Franco y sus generales podían haber acabado la guerra en un tiempo mucho más reducido debido su superioridad militar pasados los primeros meses desde el golpe y una consolidada ayuda exterior por parte de Alemania e Italia. Lo cierto es que no había intención de acabar rápido. Franco manifestada su intención de hacer tabla rasa sobre los territorios que iba controlando. Documentos que han sobrevivido hasta nuestros días y órdenes radiofónicas claras por parte de los generales franquistas llamaban a los soldados a llevar a cabo un exterminio sobre los elementos afines a la República, y así se hizo conforme se iba ocupando el territorio.

Una vez concluida la guerra no hubo amnistía ni reconciliación, sino una represión que continuó aplicándose de manera sistemática hasta al menos 1950 con el rapto y asesinato de todos aquellos individuos sospechosos o desafectos a la dictadura.

Las cifras de muertos, entre 1936 y 1939, por parte del bando republicano rondan las 150.000 personas (unas 50.000 en los “nacionales”), pero aún no se ha podido calcular el descomunal número de asesinados por motivos políticos (léase de nuevo la definición de genocidio) en la represión de la población civil hasta mediados del s. XX. Personas inocentes enterradas en miles de fosas comunes cuyo crimen fue defender la legalidad democrática o no comulgar con el fascismo. Personas que aún siguen ocultas, en su mayoría, en estas fosas.

Los crímenes de lesa humanidad o enmarcados en lo que denominamos como genocidio no prescriben nunca, por tanto es obligación del poder judicial abrir los correspondientes procesos judiciales que reconozcan estos asesinatos como tales y condenen a los verdugos y a sus incitadores. Sin embargo, en las multitudinarias denuncias efectuadas tras recientes exhumaciones por toda la península, los ciudadanos asesinados siguen sin ser considerados para estos jueces y para nuestras instituciones como víctimas de un genocidio.

Un destacado historiador, Edgard Malefaquis, nos recuerda que la violencia política del régimen nazi, es decir, la que excluye el objetivo racial que llevó a la muerte a millones de judíos, provocó menos víctimas que la represión franquista. A nadie se le ocurriría decirle a un alemán o a un chileno que se olviden del holocausto o de los crímenes de Pinochet (insignificantes en cuanto a número al lado de la represión franquista postbélica), sin embargo en España hay que correr un tupido velo. El precio del olvido puede suponer un alto coste para la democracia que ahora disfrutamos.

Por César Pérez Navarro